En un giro legal que ha captado atención nacional, Kilmar Abrego García, residente de Maryland y esposo de una ciudadana estadounidense, fue deportado erróneamente a El Salvador durante el gobierno de Donald Trump. A pesar de una orden judicial federal que exige su regreso, la administración Trump se niega a cumplir, desatando una batalla política centrada en el debido proceso.
Los demócratas evitan debates migratorios tradicionales y enfatizan violaciones al Estado de derecho. «Si no defendemos el debido proceso para no ciudadanos, pronto pisotearemos los derechos de los ciudadanos», advirtió el congresista Jamie Raskin (D-Md.).
Encuestas revelan que el 60% de los votantes exigen evidencia antes de deportaciones, y una mayoría abrumadora respalda el cumplimiento de órdenes judiciales. «Este caso simboliza los excesos de las políticas de Trump», señaló Evan Roth Smith, analista de Blueprint.
Una delegación demócrata, incluida la congresista Yassamin Ansari, viajó a El Salvador para presionar por su repatriación. Mientras, la familia de Abrego García insiste: «Luchamos por todos los deportados sin debido proceso».
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