Confusión Jurisdiccional en Alligator Alcatraz: ¿Quién Gobierna el Centro de Detención?

Caos en Alligator Alcatraz: Jurisdicción Indefinida

Abogados de inmigración, activistas ambientales y hasta el gobierno mexicano enfrentan un muro de confusión: nadie sabe quién controla realmente el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida. «Recibimos muchas evasivas», declaró el arzobispo Thomas Wenski tras intentar sin éxito brindar servicios religiosos a los detenidos.

Voces en el Limbo Jurídico

Juan Sabines, cónsul mexicano en Orlando, reveló la angustia por 14 nacionales mexicanos detenidos, incluidos dos hermanos arrestados el 11 de julio. «Estamos en limbo. Esta prisión no está bajo custodia de ICE», afirmó Sabines, destacando que ni siquiera tenían números de registro migratorio hasta hace poco.

• Problema clave: Ausencia de jueces de inmigración en el centro
• Consecuencia: Abogados no encuentran tribunales asignados
• Solución temporal: Servicios legales in situ anunciados para julio

Choque de Versiones Gubernamentales

Mientras el gobernador Ron DeSantis afirma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) maneja deportaciones («Una vez que suben al avión, DHS los procesa»), documentos federales revelan otra realidad. Thomas P. Giles, funcionario de ICE, declaró por escrito: «La decisión final de quién detener pertenece a Florida».

El Enigma 287(g)

La supuesta operación bajo el programa 287(g) -que autoriza a agencias estatales aplicar leyes migratorias- colapsa ante un hecho: la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) que gestiona el centro no tiene dicho acuerdo. La congresista Debbie Wasserman Schultz confirmó: «No pudimos obtener claridad sobre qué autoridad 287(g) opera aquí».

Impacto Nacional y Vacío Legal

Expertos como Jennifer Whitlock del Centro Nacional de Leyes de Inmigración alertan: «Están estirando el acuerdo 287(g) más allá de lo que el Congreso pretendió». Además, al no ser una institución correccional estatal ni federal, el centro evade estándares legales de ambos niveles. Litigios ambientales podrían ser la única vía para esclarecer este modelo que otros estados ya evalúan replicar.