El fiscal general de Florida, James Uthmeier, generó controversia al instruir inicialmente a las agencias policiales estatales a acatar una orden del 18 de abril de la jueza federal Kathleen Williams, que prohibía arrestar a inmigrantes indocumentados bajo una nueva ley estatal. Sin embargo, días después, cambió su postura, afirmando que «no puede impedir» que las autoridades apliquen la normativa mientras se resuelve su constitucionalidad.
Abogados penalistas consultados señalaron que la postura de Uthmeier «viola el espíritu de la orden judicial» y podría exponer al estado a sanciones por desacato si se realizan arrestos durante la vigencia del bloqueo. Michael R. Band, exfiscal de Miami-Dade, calificó la estrategia como «un intento de evadir la autoridad del tribunal».
En un documento presentado el miércoles, la oficina de Uthmeier alegó que la orden no aplica a agencias policiales «independientes» como la Patrulla de Carreteras, argumentando que «solo vinculan a las partes nombradas en la demanda».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que las fuerzas del orden «actúan bajo su propio riesgo legal» si aplican la ley. Mientras, el gobernador Ron DeSantis respaldó públicamente a Uthmeier, declarando en redes sociales: «La misión continúa».
Este conflicto ocurre mientras la administración Trump, con exfiguras floridanas como Pam Bondi, busca limitar el poder de los tribunales para emitir órdenes de aplicación nacional en casos migratorios.
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