La jueza federal Paula Xinis ordenó este martes declaraciones juradas de funcionarios del gobierno de Trump para determinar si cumplieron con las órdenes de facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, deportado erróneamente a una prisión de alto riesgo en El Salvador.
Funcionarios insisten en que no pueden intervenir, alegando que «los tribunales no pueden inmiscuirse en los poderes diplomáticos del presidente». Sin embargo, Abrego García nunca fue acusado formalmente de delitos, aunque el gobierno lo vinculó sin pruebas a la MS-13.
«¿Cómo voy a contrabandear a un terrorista a EE.UU.? La pregunta es absurda»
— Nayib Bukele, presidente de El Salvador
Jennifer Vásquez Sura, esposa de Kilmar, declaró: «Su sueño americano fue destruido. No pararé hasta verlo con vida». La familia incluye tres hijos con discapacidades, según registros judiciales.
La jueza Xinis exigió actualizaciones diarias sobre los esfuerzos para repatriar a Abrego García. Su abogada, Rina Ghandi, advirtió: «No hemos terminado; el desacato judicial podría ser la siguiente medida».
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