Un informe de la Central de Deudores del Banco Central, difundido el 28 de julio, reveló que el 31,2% de las personas con créditos en Santa Cruz presenta atrasos en sus pagos. Esta cifra posiciona a la provincia patagónica como la de mayor proporción de deudores en situación irregular en comparación con el resto de las provincias de la región.
El dato, correspondiente a mayo, muestra una brecha significativa con Neuquén, que registra aproximadamente un 24,5% de deudores irregulares, la mejor tasa de la Patagonia. La diferencia de casi siete puntos porcentuales expone dos realidades económicas contrapuestas en una zona caracterizada por actividades energéticas, mineras y petroleras.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 19,8% del dinero prestado a familias santacruceñas se encuentra en situación irregular. La mora es especialmente alta en créditos otorgados por billeteras virtuales y proveedores no bancarios, alcanzando el 31,8%, mientras que en las entidades bancarias se ubica en el 16,2%.
Los expertos señalan que la pérdida de poder adquisitivo, las tasas de interés, la inflación y el escenario económico nacional afectan la capacidad de pago en todo el país, por lo que la política provincial no es la única causa del endeudamiento. Sin embargo, la administración del gobernador Claudio Vidal reconoció la gravedad del problema entre sus propios trabajadores.
El gobierno provincial lanzó un programa especial junto con el Banco Santa Cruz. Al finalizar la primera etapa, 3.500 empleados públicos activos y pasivos habían refinanciado deudas por aproximadamente $43.000 millones, según informó oficialmente la Provincia.
El programa estuvo destinado inicialmente a trabajadores que tenían comprometido el 75% o más de sus haberes en préstamos personales y tarjetas de crédito. A partir de julio, el Ejecutivo redujo ese requisito al 60% y prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre. La modificación amplió el universo de beneficiarios, pero también confirmó que el problema excedía al grupo inicial.
Esto implica que miles de agentes provinciales utilizan más de seis de cada diez pesos de sus salarios para afrontar obligaciones financieras antes de pagar alimentos, alquileres, servicios, transporte o medicamentos.
El Gobierno ofrece unificación de compromisos, cuotas de hasta 72 meses y tasas preferenciales. La refinanciación puede reducir el descuento mensual, pero no elimina la deuda ni recupera por sí misma el poder adquisitivo perdido.
Corresponde que Vidal publique cuántos trabajadores solicitaron incorporarse, cuántos fueron rechazados por la evaluación crediticia y cuál es la tasa efectiva aplicada en cada operación. También deberá informar el monto final que pagarán los beneficiarios después de los intereses, el costo asumido por la Provincia y la cantidad de personas que volvieron a registrar atrasos luego de ingresar al programa.
La situación sigue siendo monitoreada por organismos provinciales y nacionales.
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