Polémica en Diputados: Excluir al secretario de Minería de la reforma de la Ley de Glaciares por sus vínculos con empresas

Discusión caliente en comisión: la reforma glaciar bajo la lupa del conflicto de intereses

Este martes 7 de abril, la Cámara de Diputados de Argentina inició el debate en comisión sobre el polémico proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La discusión se vio inmediatamente marcada por un fuerte reclamo de la oposición para excluir al secretario de Minería, Luis Lucero, de las exposiciones debido a su pasado como abogado de empresas del sector.

El pedido formal de exclusión

Al comenzar la reunión del plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó que se excusara de exponer el funcionario nacional. Ferraro fundamentó su pedido señalando que Lucero «no puede participar del expediente ‘como lo hizo en el 2025’ ya que ‘fue abogado de más de diez mineras’».

Sesión de comisión en la Cámara de Diputados de Argentina
Ambiente de debate en una comisión de Diputados. (Imagen referencial)

La oposición se une al reclamo

La posición de Ferraro rápidamente sumó adhesiones. Las diputadas Romina de Pla (de izquierda) y Sabrina Selva (de Unión por la Patria) se plegaron al pedido, evidenciando un frente opositor unificado en cuestionar la imparcialidad del secretario de Minería en un tema tan sensible.

El camino legislativo de la reforma

Las comisiones, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, tienen previsto escuchar en esta jornada a gobernadores y funcionarios provinciales y nacionales. Tras estas exposiciones, emitirán un dictamen que se buscará debatir mañana, miércoles, en una sesión especial de la Cámara baja.

Manifestación pública contra la minería y en defensa del medio ambiente
La sociedad civil ha manifestado históricamente su preocupación por el impacto de la minería. (Imagen ilustrativa)

¿Qué está en juego?

La reforma de la Ley de Glaciares es un tema de altísima sensibilidad ambiental y económica. La discusión sobre quiénes pueden intervenir en el debate define la transparencia y la legitimidad del proceso. Sigue en desarrollo la reunión de comisiones, que definirá los próximos pasos de esta crucial normativa.

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