Buenos Aires, 12 de agosto. Los concejales capitalinos José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron dos notas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para denunciar presuntas intimaciones desproporcionadas a usuarios de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y exigir un plan urgente frente a pozos y bocas de tormenta sin tapa. Los escritos fueron entregados este martes en la Casa de Gobierno.
El primer escrito cuestiona el sistema de cobro de la empresa estatal. Canelada afirmó que vecinos con dos o tres facturas impagas recibieron intimaciones por cifras millonarias que multiplicarían el capital original. El concejal calificó la práctica como “extorsiva” y pidió transparentar el destino de lo recaudado.
La acusación pertenece a los concejales: las fuentes consultadas no exhiben las boletas individuales ni una resolución que haya declarado ilegales esos cobros.
El segundo escrito reclama una intervención política directa después de la caída de un niño de tres años en una boca de tormenta de Villa Luján. El accidente ocurrió a fines de julio en el pasaje Miguel Cané y Saavedra. El menor fue rescatado e internado.
Vecinos dijeron que habían presentado fotos y notas durante cuatro años y que la reparación definitiva llegó solo después del accidente. La nota vecinal también describió desbordes cloacales, pérdidas y veredas socavadas que continuarían en el sector.
Ante el reclamo, la SAT respondió que el robo de tapas supera su capacidad de reposición. Su titular, Marcelo Caponio, informó que la empresa reemplazó 400 tapas en los últimos dos años, estimó un costo unitario de $200.000 más impuestos y anunció señalización preventiva y una línea para denunciar faltantes. Además, sostuvo que en ocasiones se coloca una tapa y desaparecen otras tres.
“En ocasiones se coloca una tapa y desaparecen otras tres”
En el punto exacto donde cayó el menor existe una controversia que la Provincia debe aclarar. La empresa atribuyó el faltante a un robo, pero los habitantes de la cuadra aseguraron que la tapa no había sido sustraída, sino que estaba hundida dentro del pozo por el deterioro de la estructura.
Cobos sostuvo que la cantidad de aberturas sin protección constituye un peligro para peatones, motociclistas y automovilistas y responsabilizó a Jaldo por la falta de una respuesta coordinada.
La gestión provincial enfrenta así dos reclamos distintos que confluyen en la misma empresa: cómo calcula y ejecuta las deudas de los usuarios y cómo prioriza recursos para mantener segura una red deteriorada.
Recaudar para sostener el servicio es legítimo; intimar sin una liquidación comprensible o dejar aberturas peligrosas sin vallar exige una explicación pública.
Al cierre de las publicaciones examinadas no figuraba una respuesta específica de Jaldo a los dos escritos entregados este martes. El gobernador puede despejar el conflicto si ordena publicar el protocolo de cobro, abre una revisión de casos controvertidos y exige a la SAT un mapa actualizado de pozos, señalización, responsables y plazos de reparación.
La denuncia política no equivale a una determinación judicial, pero el accidente, la internación y la admisión oficial de 400 reposiciones muestran que el riesgo no es hipotético.
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