El sábado 20 de junio de 2026 una decisión judicial volvió a poner en el centro de la escena al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez ordenó retirar a una de sus firmas clave de la base de contribuyentes no confiables de ARCA, en un fallo que generó fuertes cuestionamientos en ámbitos judiciales y fiscales.
La medida cautelar, presentada por Malte SRL —considerada la empresa principal del entramado societario ligado a Toviggino—, buscaba volver a operar con normalidad después de haber sido incluida en la base E-APOC, que identifica a firmas sospechadas de maniobras irregulares o facturación apócrifa. El magistrado dio un plazo de 48 horas para que ARCA excluya a la sociedad, habilitando nuevamente su CUIT.
Fuentes judiciales señalaron que el fallo presenta contradicciones. Una de ellas es la inclusión de Norte Argentino SRL en la resolución, a pesar de que nunca había sido registrada como contribuyente apócrifo. Para el organismo fiscal, la incorporación de Malte a la base respondía a informes técnicos que indicaban que la sociedad “no tenía capacidad operativa, económica y/o financiera” acorde al volumen de movimientos que registraba.
La escena refleja el clima de tensión judicial que rodea al entorno de Toviggino.
La causa originalmente estaba en el juzgado de Sebastián Argibay —el mismo magistrado que en abril, en tiempo récord, desestimó un pedido del fiscal Pedro Simón para detener a Toviggino y a Claudio “Chiqui” Tapia por millonarias maniobras de lavado de dinero—. Tras la recusación de la AFIP, fue reemplazado por Díaz Martínez, juez de Catamarca.
El fallo se produce en medio de múltiples causas que investigan a Malte SRL y otras sociedades vinculadas al entorno de Toviggino por presuntos delitos como evasión tributaria agravada, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero. La empresa ya había sido mencionada en investigaciones previas, entre ellas la compra en 2023 de un terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez, donde se levantó una mansión valuada en 17 millones de dólares. Posteriormente, la propiedad fue transferida a otra firma en una operación que también está bajo análisis.
“Informes de ARCA detectaron un patrón típico de redes empresariales: uso de las mismas direcciones IP para facturación, intercambio de comprobantes entre distintas sociedades y domicilios fiscales compartidos.”
Desde la defensa de Malte sostuvieron que la inclusión en la base E-APOC implicaba una “muerte comercial” al impedir cualquier operación bancaria o cobro de ventas, y cuestionaron la falta de un acto administrativo formal. El juez adoptó ese criterio al considerar que la medida fiscal podría encuadrarse como una “vía de hecho”, sin un procedimiento que garantizara el derecho de defensa.
En cambio, el organismo recaudador defendió su accionar argumentando que actuó dentro de las facultades legales de fiscalización para prevenir maniobras evasivas, y anticipó que apelará la decisión.
La resolución se suma a una serie de decisiones favorables para la cúpula del fútbol argentino. Días antes, la Cámara Nacional en lo Civil había avalado el cambio de domicilio de la AFA y dejó sin efecto una intervención del Ministerio de Justicia que buscaba controlar sus balances. Así, la cautelar que beneficia a Malte SRL es interpretada por algunos sectores como una continuidad de fallos que alivian la situación judicial del entorno de Toviggino y Tapia.
Seguiremos informando sobre el desarrollo de estas causas y las apelaciones pendientes que mantienen en vilo al mundo del fútbol y a la política santiagueña.
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