Milei veta Ley de Redistribución Automática de ATN: Golpe a gobernadores y profundización del conflicto federal

El Gobierno de Javier Milei consuma nuevo veto total a ley clave para las provincias

Este jueves 11 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 652/2025 el veto total al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

Impacto directo en los gobernadores

La medida representa un duro golpe para los gobernadores, quienes esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos. Este veto se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundizando el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias.

Detalles de la ley vetada

El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal.

• Redistribución automática: Establecía que los recursos se redistribuirían «en forma diaria y automática»
• Integración coparticipable: Los recursos serían considerados «integrantes de la masa de fondos coparticipable»
• Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a Tierra del Fuego y CABA

Argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una «finalidad específica» de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo asignación de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

El veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional

Contexto político de tensión

Esta decisión se da en un marco de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos.

La intransigencia del Presidente ante iniciativas que considere riesgo para el equilibrio fiscal genera más roces con los gobernadores, quienes reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.