Malapportionment en Argentina: el aumento de bancas que el Congreso aún debe resolver

Buenos Aires, 30 de agosto de 2026. El debate por el malapportionment en el Congreso argentino vuelve a estar en agenda: mientras la Constitución Nacional ordena actualizar la representación después de cada censo, la Cámara de Diputados mantiene un número de bancas que, de acuerdo con la normativa vigente, debería pasar de 257 a 359 escaños.

El punto de partida: censos, representación y la reforma de la Carta Magna

El origen de esta discusión se remonta a los noventa días que fueron quizás el último gran encuentro de la dirigencia política argentina en el litoral, repartidos principalmente entre Santa Fe y Paraná. En ese marco, los convencionales constituyentes previeron la necesidad de actualizar la cantidad de representantes del Pueblo en función de los valores que arrojaran los censos nacionales. También definieron que la elección de presidente y vicepresidente, así como la de senadores nacionales, fuera de manera directa y que, para estos últimos, se sumara un tercer senador por la minoría. Podría decirse mucho más sobre la reforma de la Carta Magna, pero los caracteres son tiranos.

La Ley 22.847 y la Constitución: el marco del aumento de bancas

Una ley dictada hacia el final de la última dictadura cívico-militar, la Ley 22.847 de convocatoria electoral, establece un mínimo de cinco diputados nacionales por provincia. Su artículo 3 dice:

El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se agregará, por cada distrito, la cantidad de tres (3) diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco (5) diputados ni inferior a la que cada distrito tenía al 23 de marzo de 1976. El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, elegirá dos (2) diputados.

La Constitución Nacional, en su artículo 45, agrega una regla clave:

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Malapportionment en Argentina: de 257 a 359 diputados

El trabajo de Aguerre, Cruz y Magnasco (CiCaD, 2023) actualiza la cantidad de bancas según la normativa vigente y lo que establece la Constitución. La conclusión central es que la Cámara de Diputados debería incrementar su número de 257 a 359 bancas. Ese reparto permitiría, además, reducir algunos de los efectos del malapportionment actual.

Hoy conviven provincias subrepresentadas con otras sobrerrepresentadas. El contraste más fuerte se da entre la Provincia de Buenos Aires, la más castigada, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más favorecida. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también es uno de los distritos sobrerrepresentados que debería aceptar dar la discusión.

Distrito Situación Impacto en la representación
Provincia de Buenos Aires Subrepresentada La más castigada
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Sobrerrepresentada La más favorecida
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sobrerrepresentada Distrito incluido en la discusión

Los dos problemas detrás del aumento de bancas

Ingresar en este debate tiene dos problemas que confluyen. El primero es el rechazo a todo lo que signifique aumentar el gasto político, una enorme hipocresía con la que convivimos hace décadas. La democracia es, por definición, un sistema caro, pero el mejor que conocemos para organizar la convivencia política. Querer vivir en democracia es aceptar que su financiamiento es alto.

El segundo problema es que muchas provincias se verían afectadas por el incremento de bancas, principalmente aquellas que hoy se benefician de estar sobrerrepresentadas. Por eso, desde hace años legisladores nacionales de distintos partidos impulsan leyes para cumplir con el mandato constitucional de aumento de bancas ante el crecimiento poblacional. En algún momento, el debate tendrá que alcanzar la mayoría de edad y avanzar en aquello que los convencionales advirtieron y plasmaron en el texto constitucional.

El desafío físico: ¿dónde sentar más de 100 diputados?

Supongamos que se logra la licencia social para aumentar los cargos políticos y que los distritos sobrerrepresentados aceptan dar la discusión. El siguiente interrogante es concreto: ¿dónde se colocan las más de 100 bancas que habría que agregar para sesionar en el recinto de la Cámara de Diputados?

El recinto de la cámara baja es mucho más pequeño de lo que se advierte en las transmisiones en vivo. Incorporar bancas tiene un impedimento físico muy concreto: el edificio del Congreso está declarado monumento histórico y artístico nacional y no puede sufrir modificaciones edilicias, solo restauración. Imaginar otro piso o una estructura permanente para sumar escaños queda fuera del menú de opciones.

Legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados de Argentina
El recinto de la Cámara de Diputados, un espacio con límites físicos que complica el eventual aumento de bancas.

Tecnología y sesiones remotas: una solución que ya se probó

La respuesta podría estar en la tecnología, y el antecedente más claro es la pandemia. Producto del COVID-19 en 2020 y parte de 2021, las cámaras legislativas debieron sortear el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y aprobar la celebración de sesiones remotas con protocolos telemáticos específicos.

En la práctica, tanto el recinto del Senado como el de Diputados se llenó de pantallas móviles que no alteraban el edificio mientras los legisladores sancionaban leyes. Hubo que poner tecnología, ingenio y software al servicio del Poder Legislativo.

Cuando la circulación de personas se flexibilizó y se pasó al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), las sesiones volvieron a la presencialidad. Sin embargo, igual que el sector privado no se desprendió del todo del trabajo remoto, la Cámara de Diputados podría afrontar el aumento de bancas con un esquema de rotación de legisladores: algunos sentados en las bancas y otros conectados telemáticamente.

Para quienes se preocupan por el gasto político, la buena noticia es que implementar esta modalidad no sería nada cara. La tecnología, aplicada al Poder Legislativo, podría ser la llave para cumplir con la Constitución sin necesidad de reformar un edificio protegido.

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