Buenos Aires, 10 de diciembre de 2025 – Uno de los proyectos emblemáticos del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional planea abordar en el Congreso a partir de marzo de 2026 es la “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que busca modificar de raíz las bases del sistema educativo argentino en todos sus niveles.
Según el texto de la ley, la reforma consagra un nuevo paradigma basado en la autonomía pedagógica de las instituciones y el “rol preferente de las familias” para elegir el proyecto educativo para sus hijos. Se ratifica la gratuidad de la educación estatal, pero no se afirma el carácter laico, un principio histórico que ha generado suspicacias y temores sobre la posible enseñanza de religión en escuelas públicas.
Para las escuelas privadas, se reafirma su derecho a seleccionar y contratar personal conforme a su ideario, respetando la legislación laboral. El Estado asume un rol subsidiario, garantizando el acceso pero sin sustituir la responsabilidad familiar.
La ley habilita formas alternativas de educación, como la educación en el hogar dirigida por padres o tutores, y la educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Sin embargo, su validez dependerá de la acreditación mediante evaluaciones estandarizadas definidas por la autoridad nacional.
Para ingresar a la universidad, los estudiantes deberán haber completado el ciclo secundario, eliminando la figura del alumno “condicional”. Además, se insta a las instituciones a establecer un régimen de regularidad que exija aprobar al menos dos materias por año, una medida que busca combatir la deserción pero que, según críticos, podría excluir a muchos estudiantes.
La normativa refuerza los mecanismos de auditoría externa e interna en universidades estatales, involucrando a la Auditoría General de la Nación y al Ministerio de Capital Humano. En cuanto al financiamiento, se distribuirá basándose en:
| Porcentaje | Criterio |
|---|---|
| 75% | Número de estudiantes ajustado |
| 20% | Desempeño (egresados, producción científica) |
| 5% | Programas de mejora institucional |
Los opositores argumentan que la reforma podría tener un efecto inverso: al exigir rendimiento mínimo y cambiar las reglas de ingreso, se reduciría la matrícula universitaria, afectando el presupuesto. Para algunos, este sería el objetivo encubierto del Gobierno, en línea con políticas de control del gasto.
“La formación docente continua constituye un derecho y un deber profesional, y es condición para la permanencia en la carrera”, se indica en el texto de la ley.
La ley también crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, con una formación de cuatro años que incluye prácticas y se divide en dimensión básica y especializada.
En definitiva, la Ley de Libertad Educativa promete transformar el sistema educativo argentino, pero sus puntos conflictivos ya han encendido el debate sobre el futuro de la enseñanza pública y privada en el país.
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