En declaraciones realizadas este 8 de febrero de 2026, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el gobierno podría cerrar la Televisión Pública Argentina, aunque, por el momento, la medida concreta será cambiarle el nombre.
Adorni recordó que «por ley está prohibido privatizarla», pero afirmó que desde el Poder Ejecutivo tienen la potestad de «achicarla lo más que se pueda», con el objetivo de no generar más gastos. «Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre», explicó el funcionario libertario durante una transmisión en streaming.
El jefe de Gabinete dio la «primicia» sobre el cambio de nombre de la señal, que dejará de llamarse TV Pública. Adorni consideró que, en esta nueva etapa, «y a través de retiros voluntarios y de determinados procedimientos que no vienen al caso», pueden mostrar «un cambio simbólico» acerca del camino que quiere tomar La Libertad Avanza (LLA).
El funcionario señaló que es posible que el nombre actual suene «kirchnerista» y remarcó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, «todo lo que sea cartelería con contenido ideológico» tiene la orden de ser retirado.
La situación de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo una intervención estatal que ha sido prorrogada. El Gobierno Nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA) —que incluye a la TV Pública y Radio Nacional— mediante el Decreto 79/2026. Este proceso se extenderá hasta el 1º de febrero de 2027.
El plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, lo que representa un 20% del total actual de 2.400 empleados. La medida afecta a periodistas, productores y personal administrativo, tanto de la TV Pública como de las 50 emisoras de Radio Nacional.
El jefe de Gabinete consideró «excesiva» la dotación actual, destacando que solo en la TV Pública asciende a casi 1.300 empleados.
Los gremios, como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo, denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los sueldos han estado prácticamente congelados desde agosto de 2024, situación que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.
Al mismo tiempo, los trabajadores de la TV Pública rechazan enfáticamente la reforma laboral y advierten que podría causar un «daño irreversible» a los medios públicos.
El destino de la TV Pública Argentina se debate entre un cambio de nombre inminente, una drástica reducción de personal y la sombra de un posible cierre, todo enmarcado en la reestructuración impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza, mientras los empleados enfrentan una profunda incertidumbre laboral y económica.
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