El Gobierno Nacional oficializó este viernes 2 de enero la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dotándola de nuevas competencias y responsabilidades, incluyendo el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.
A través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, se detallan las modificaciones que implementará en la secretaría, que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz.
La reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) apunta a «centralizar, modernizar y reordenar» el sistema. La SIDE se ratifica como órgano superior y rector, integrada ahora por:
Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE.
La ANC tiene la misión de «prevenir y detectar amenazas estratégicas internas», ampliando el concepto de contrainteligencia con medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.
Se diferencia ciberseguridad (protección de infraestructuras críticas) de ciberinteligencia (análisis de amenazas en el ciberespacio). Se anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.
Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE, que coordina en la sombras el asesor presidencial Santiago Caputo. Concentrará la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia y la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto crea dos comunidades:
Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, traspasando sus funciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO) para evitar superposiciones.
Uno de los puntos más polémicos autoriza a los organismos de inteligencia a:
Este último punto generó el rechazo de un sector de la oposición.
El Gobierno refuerza el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia para minimizar el «Riesgo Estratégico Nacional». También reafirma la prohibición de espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o para ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública.
Los directores de los principales organismos tendrán rango de secretario y sus designaciones deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso. El decreto entra en vigencia con su publicación y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, según la Ley 26.122.
La reforma formaliza 17 objetivos, entre los que se destacan:
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