El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró este 12 de febrero el «estado de alerta máxima» ante lo que calificó como un «proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado», teniendo como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, señaló que el caso de Vialidad «demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional». Aleñá afirmó que, a pesar de que la Justicia y el Congreso le indicaron que no podía destruir la DNV, el Ejecutivo continúa con acciones administrativas para lograrlo.
«Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia», expresó la dirigente sindical.
Según un informe oficial del organismo al que tuvo acceso el sindicato, la Vialidad Nacional se encuentra en un proceso de «reorientación institucional» que, en los hechos, implica:
El gremio advirtió en un comunicado que «el Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—», consumando así un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales.
Ante esta situación, el STVyARA intimó formalmente, mediante carta documento, a los funcionarios Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) y a Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado y Función Pública).
En la intimación, exigen que «se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad».
El sindicato dejó constancia de que estas medidas son contrarias al interés público y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal. Además, hicieron personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse.
Sin perjuicio de ello, el STVyARA evalúa acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas para defender lo que considera un organismo histórico y estratégico del Estado Nacional.
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