La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, por su presunta intervención para obstaculizar el allanamiento realizado en agosto de 2025 en la vivienda del empresario Jonathan Kovalivker, en el marco de la causa que investiga un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según la investigación, De Vicentis había sido procesado por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento. El 21 de agosto de 2025, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron en la garita de seguridad para ejecutar la orden judicial, el jefe de seguridad realizó llamados insistentes para interiorizarse sobre el procedimiento e impartió instrucciones internas para no facilitar información.
La causa también incorporó mensajes enviados al grupo de WhatsApp “Supervisores AVN”, integrado por personal de seguridad del barrio, en los que De Vicentis habría advertido que ningún agente debía suministrar datos sobre identidad, ingresos o egresos de vecinos sin intervención del área legal.
El episodio derivó en la huida de Jonathan Kovalivker a bordo de un Audi, en momentos en que la orden judicial estaba siendo ejecutada. Posteriormente, también se detectó un llamado al 911 denunciando la presencia de “falsos policías”, realizado desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta.
La confirmación del procesamiento se produce en un contexto de reconfiguración del expediente principal. Tras la salida del juez Sebastián Casanello, el juez federal Ariel Lijo quedó al frente del Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde tramita la causa ANDIS. El fiscal Franco Picardi continuará al frente de la investigación.
En el expediente ya fueron procesadas 19 personas, entre ellas el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.
La investigación apunta a un presunto entramado de corrupción institucional mediante el cual el organismo habría sido utilizado para direccionar contrataciones y favorecer a determinados proveedores del sector salud.
Si bien Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker —propietarios de la Droguería Suizo Argentina— no fueron incluidos en la primera tanda de procesamientos, su situación judicial continúa bajo análisis. La empresa aparece mencionada en audios y comunicaciones incorporadas al expediente, y no se descarta que el avance de la investigación pueda derivar en nuevas medidas.
Con la confirmación del procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, la causa suma un capítulo que refuerza la hipótesis de obstrucción durante uno de los allanamientos clave y mantiene el foco sobre el entorno de los empresarios vinculados al expediente.
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