El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó este jueves 5 de febrero de 2026 su «profunda preocupación y rechazo» ante la creación, por parte de la Presidencia de la Nación, de una cuenta en la red social X denominada «Oficina de Respuesta Oficial».
Según la agencia estatal Noticias Argentinas, FOPEA advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`”. La entidad remarcó que «resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia».
«El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma», precisó FOPEA.
El comunicado agregó: «El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre».
FOPEA indicó que esto confirma que se usa una estructura oficial «para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica». Esto ocurre, denunciaron, en un contexto donde se dificulta el acceso a las fuentes de información, no hay conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.
La entidad planteó que, a lo largo de sus 23 años de vida, ha expresado preocupación ante iniciativas similares de otros gobiernos. «El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar», precisaron.
FOPEA cerró su posicionamiento con una firme defensa del debate público: «Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública».
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