Este martes 3 de febrero de 2026, el sistema de fotomultas bonaerense se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo judicial y político, con el empresario Leandro Camani y su empresa Secutrans protagonizando una trama de denuncias cruzadas, sospechas de abuso de poder y un esquema de recaudación señalado por su falta de transparencia.
La Agencia Noticias Argentinas confirmó que Leandro Camani presentó una denuncia penal contra Claudio “Chiqui” Tapia, no como presidente de la AFA, sino en su rol de titular del CEAMSE. La acusación incluye presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, por la interrupción del funcionamiento de radares en el Camino del Buen Ayre.
Esta presentación judicial ingresó en la fiscalía de La Plata a cargo de Álvaro Garganta, la misma que investiga la llamada “megacausa” de las fotomultas, un expediente que destapó un presunto entramado de abogados, jueces de faltas y funcionarios que facilitaban reducciones o anulaciones de infracciones.
La ofensiva judicial de Camani se produjo pocos días después de que Claudio Tapia lo denunciara penalmente por presunta extorsión, junto a dirigentes de la Coalición Cívica como el concejal de Pilar Matías Yofe y el legislador porteño Facundo Del Gaiso. Según esta presentación, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, las acusaciones contra Tapia no serían espontáneas, sino una represalia por haber bloqueado un negocio vinculado a la expansión de sistemas de fotomultas.
Tapia sostiene que Camani pretendía ampliar su participación en el control de velocidad sobre el Camino del Buen Ayre y que, ante la negativa, habría recurrido a intermediarios para amenazar con denuncias penales y campañas de desprestigio.
Camani rechaza esta versión y afirma que la interrupción de los radares fue arbitraria, sin acto administrativo previo y fuera de la competencia legal de CEAMSE, lo que —según su denuncia— le provocó un perjuicio económico directo.
Más allá del intercambio de acusaciones, el caso vuelve a poner en foco el opaco funcionamiento del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Durante años, distintas investigaciones periodísticas y judiciales señalaron que la recaudación por infracciones de tránsito se convirtió en un negocio multimillonario, con:
En ese marco, Camani y Secutrans aparecen mencionados en expedientes donde se investigan allanamientos, contratos y vínculos comerciales ligados a la operatoria de cinemómetros. Incluso, en tramos de la megacausa, el empresario habría perdido protagonismo procesal como particular damnificado, un dato que refuerza las dudas sobre su rol.
El conflicto se da en un escenario judicial cargado para la conducción de la AFA. Tapia y el tesorero Pablo Toviggino enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades fiscales, con acusaciones de la ARCA y la DGI por aportes laborales impagos y uso de facturas apócrifas. También existen denuncias por presunto lavado de activos y maniobras patrimoniales bajo análisis judicial.
Respecto al supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia, la denuncia presentada por Camani no aporta pruebas concretas y se limita a señalar un crecimiento patrimonial que considera exorbitante, sin respaldarlo con documentación.
Mientras las causas avanzan lentamente en los tribunales, el negocio de las fotomultas continúa operando en gran parte del territorio bonaerense, con reglas difusas, controles fragmentados y fuertes intereses económicos en juego. La figura de Camani y el rol de Secutrans vuelven a quedar expuestos en un sistema que, lejos de transparentarse, parece multiplicar conflictos y sospechas.
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