Diputados Aprobaron Interpelación a Guillermo Francos por Incumplimiento de Ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados Aprobó Emplazamiento para Interpelar al Jefe de Gabinete

La Cámara de Diputados aprobó hoy un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para el próximo martes 14 de octubre a las 13 hs, con el fin de tratar la moción de censura e interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no ejecutar la vigente ley de emergencia en Discapacidad.

Detalles de la Citación y Fundamentos

La propuesta para citar a ambas comisiones fue leída por el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien recordó que, luego de que la ley fuera vetada por el presidente Javier Milei, ambas cámaras del Congreso insistieron en su validez con más del 70% de aprobación.

“Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento”, señaló el cordobés.

Argumentos para la Moción de Censura

El legislador opositor admitió que la herramienta de la moción de censura no se utilizó nunca hasta ahora, pero justificó su pertinencia en la actual coyuntura.

“Esta herramienta no se usó nunca pero tampoco pasó nunca que se saque un decreto donde el jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma y que por otro lado diga que no va a reasignar partidas cuando el propio Gobierno permitió que no haya presupuesto durante dos años seguidos”, argumentó.

Agost Carreño destacó que Francos es un hombre dialoguista, pero enfatizó: “Ahora el principal valor que tiene que esperar el Congreso nacional del Jefe de Gabinete es que cumpla la ley”.

Proyecto de resolución para interpelación a Guillermo Francos por ley de discapacidad
Documento formal que sustenta la interpelación, firmado por el diputado Oscar Agost Carreño.

Contexto de la Ley y Respuesta Gubernamental

La ley de emergencia en Discapacidad fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso ratificó su vigencia con amplio apoyo. Sin embargo, el Gobierno emitió un decreto que impide su cumplimiento, generando la actual controversia constitucional.

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