Corte Suprema Argentina confirma condena firme a Romina Picolotti por defraudación al Estado

Condena definitiva para exfuncionaria por malversación de fondos públicos

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este 18 de noviembre de 2025 la condena a tres años de prisión en suspenso contra la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Detalles de la resolución judicial

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo de la defensa por extemporáneo, dejando firme la sentencia que incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esta condena había sido dictada inicialmente por el Tribunal Oral Federal 6 en 2021 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023.

Gastos irregulares con fondos públicos

Durante el juicio se acreditó que Picolotti, durante su gestión al frente de la Secretaría de Ambiente entre 2006 y 2007, utilizó dinero del Estado para financiar gastos personales y de familiares, entre los que se incluyen:

• Comidas y almuerzos casi diarios sin justificación
• Pasajes aéreos y vuelos chárter para allegados sin vínculo con el organismo
• Flores, productos de farmacia y alimento para mascotas
• Carga de combustible, lavado de autos y servicios de lavandería
• Compras en locales de regalos y artículos aromáticos

Incluso se incorporó al expediente un ticket de un bar atendido por mujeres semidesnudas con la leyenda “Muchas gracias”, así como compras destinadas a cumpleaños de familiares.

Postura del Ministerio Público

El fiscal Diego Luciani calificó los hechos como “un manejo absolutamente irregular de los fondos públicos” y lo definió como “un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública”, solicitando inicialmente una pena de tres años y nueve meses de prisión.

Consecuencias y situación actual

La exfuncionaria siguió el proceso desde Estados Unidos, donde reside, y negó durante toda la causa la existencia de delito, reclamando su absolución. Sin embargo, con la condena firme, deberá devolver al Estado casi siete millones de pesos actualizados, monto fijado como el perjuicio ocasionado y que también fue establecido como fianza por los jueces.