Corte Suprema Argentina confirma condena a Julio De Vido por fraude en tragedia de Once

Condena firme para exministro por administración fraudulenta

La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme la condena a cuatro años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este fallo se enmarca en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que causó la muerte de 51 personas.

Detalles del fallo judicial

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por «inadmisibles» los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La sentencia incluye inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

Hombre con cabello canoso y bigote en entorno formal, posiblemente relacionado con el caso judicial
Imagen referencial del contexto judicial en Argentina.

Antecedentes de la condena

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, condenó a De Vido por no cumplir con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones del accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Falta de control en fondos públicos

Según el fallo, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

Recursos y confirmación final

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena, y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente se fijó en cuatro años de prisión. Con el rechazo a los planteos, la Corte desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

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