Iniciativa Legislativa Busca Combatir Extorsión y Delitos Financieros
La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que propone incorporar nuevas herramientas legales para combatir la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados al crimen organizado.

Reformas Integrales para Frenar el Crimen Organizado
La iniciativa contempla reformas al Código Penal, al sistema financiero y al régimen penitenciario, con el objetivo de prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y frenar las operaciones criminales que se coordinan desde los centros penitenciarios.
Nuevo Delito: Penalización de Cuentas Mula
El proyecto incorpora un nuevo delito que penaliza el préstamo, cesión o alquiler de cuentas bancarias o digitales con fines ilícitos. Esta práctica, conocida como uso de “cuentas mula”, aún no está tipificada de manera independiente en la normativa vigente.
Sanciones y Penas Propuestas
- Pena base: 10 a 15 años de prisión para quienes cedan o presten su cuenta, sabiendo que será utilizada con fines delictivos.
- Pena agravada: En caso de que la cuenta sea empleada para delitos graves como extorsión o sicariato, la sanción se incrementará a 15 a 25 años de prisión, además de una inhabilitación de hasta 25 años para acceder o contratar servicios financieros.
Refuerzo en la Verificación de Identidad
El segundo eje de la iniciativa propone reformar la Ley General del Sistema Financiero para exigir que la apertura de cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios financieros electrónicos incluya verificación biofacial y biométrica obligatoria.
Esta medida busca disminuir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad y mejorar la trazabilidad de las operaciones sospechosas.
Asimismo, se establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP contará con 90 días para emitir el reglamento técnico correspondiente, en coordinación con el RENIEC y la Policía Nacional.
Medidas en Centros Penitenciarios
Además, se propone reformar el Código de Ejecución Penal para que los internos procesados por extorsión y sicariato vinculados a organizaciones criminales sean incluidos en el Régimen Cerrado Especial.
Esta clasificación tiene como objetivo restringir las comunicaciones y el contacto con el exterior, disminuyendo así la posibilidad de que los internos continúen cometiendo delitos desde los penales.