El gobierno de Dina Boluarte comenzó tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y desde sus inicios ha enfrentado un rechazo constante con protestas que han dejado decenas de muertes a nivel nacional.
A lo largo de casi tres años, el régimen ha soportado al menos 30 grandes movilizaciones sociales, incluyendo plantones, bloqueos, marchas y paros en Lima y a nivel nacional.
En 2024, las movilizaciones se dirigieron a exigir medidas más firmes contra los alarmantes niveles de criminalidad, con sectores como los transportistas urbanos protagonizando al menos tres protestas para poner fin a las extorsiones.
Durante el presente año, las protestas han incluido exigencias de medidas eficaces contra el crimen organizado, que afecta a transportistas, comerciantes y empresarios. Además, los mineros artesanales han demandado mayor flexibilidad en su formalización, un sector vinculado a economías ilícitas.
Recientemente, se han sumado actores como la «Generación Z», que protesta contra las políticas del Congreso y del Gobierno, ampliando el espectro de descontento.
El analista político Juan Paredes Castro señaló que, aunque la protesta es un derecho constitucional, es crucial entender lo que hay detrás de estas manifestaciones. «En los últimos tiempos se está hablando solo de un lado de la cara de la medalla, pero no del otro lado», afirmó.
Paredes Castro cuestionó las motivaciones de las protestas nacionales, indicando que no las traduce con la realidad actual y que las encuestas no son fiables para medir el descrédito gubernamental.
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