Instituciones judiciales rechazan cambios en herramienta contra el crimen organizado
El Ministerio Público y el Poder Judicial han advertido que la modificación a la Ley 32326 de extinción de dominio debilitaría la lucha contra la corrupción, crimen organizado y delitos conexos como lavado de activos o daños ambientales, según comunicado oficial.

Impacto en casos emblemáticos
- La normativa actual permite decomisar bienes sin condena previa en delitos graves.
- La reforma limitaría este mecanismo a 11 tipos penales específicos, excluyendo lavado de activos y corrupción.
- Expertos señalan que violaría la Convención de Mérida y estándares del GAFI.
«Se debilita todo el trabajo contra grandes organizaciones criminales que ponen en riesgo la seguridad nacional» – Poder Judicial
Voces expertas cuestionan reforma
El doctor Percy García Cavero explicó que la modificación genera una «asimetría procesal»:
«Debió permitirse la extinción para todos los delitos, condicionada a una sentencia penal firme. Ahora solo aplicará para narcotráfico o terrorismo»
Mientras, el jurista Francisco Álvarez defendió los cambios:
«Se corrige el abuso de incautar bienes de inocentes, como arrendatarios afectados por delitos en sus propiedades»
¿Qué sigue?
El debate continúa en el Congreso, donde se analizarán las observaciones de ambas instituciones. La Cámara de Comercio de Piura ya calificó como «perversa» otra norma que beneficia económicamente a inspectores laborales.