La Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Vladimir Cerrón, que buscaba sustituir su prisión preventiva por una comparecencia con restricciones.
El tribunal determinó que los argumentos de la defensa no justificaban modificar la medida coercitiva, manteniendo así la orden de captura contra el exmandatario regional.
La fiscalía sostiene que durante su gestión como gobernador de Junín, Cerrón habría ocasionado perjuicio económico al Estado.
El colegiado judicial enfatizó la ausencia de conducta colaborativa por parte del imputado, fundamento clave para ratificar la necesidad de mantenerlo en prisión preventiva durante la investigación.
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