Decomiso Millonario: Fondos Vinculados a Alejandro Toledo en Costa Rica
El Poder Judicial de Perú ha solicitado formalmente el decomiso y la repatriación de 6,635,000 dólares, más los intereses generados, que se encuentran inmovilizados en una entidad bancaria de Costa Rica. Los fondos están registrados en dos cuentas a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A., en el marco del caso de corrupción que involucra al expresidente Alejandro Toledo.
Detalles de la Solicitud Judicial
El juez Richard Concepción Carhuancho pidió, mediante cooperación internacional, la ejecución de la sentencia de colaboración eficaz emitida el 26 de junio de 2019, vinculada al fallecido empresario israelí Josef Maiman. El objetivo es repatriar dicha suma de dinero a las cuentas del Estado peruano.

Papel del Colaborador Eficaz
El magistrado comunicó a las autoridades costarricenses que la información proporcionada por el colaborador eficaz —quien autorizó revelar su identidad— fue fundamental para identificar la actividad criminal relacionada con los pagos ilícitos realizados por las empresas Odebrecht y Camargo Correa a favor de Alejandro Toledo.
Uso de los Fondos Ilícitos
- Propósito: Obtener ventajas en la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica.
- Lavado de Activos: Los fondos fueron canalizados a través de cuentas del colaborador y sometidos a operaciones de blanqueo.
- Beneficiarios: Parte del dinero se utilizó para la compra y pago de hipotecas de inmuebles en beneficio del exmandatario y su entorno familiar.
Base Legal y Procedimiento
En su solicitud emitida el 25 de septiembre, el juez Concepción Carhuancho precisó que el pedido se sustenta en una asistencia judicial de carácter definitivo y con calidad de ejecutoriada, conforme a la legislación peruana, por lo que no existe ninguna vía ordinaria de impugnación.
Invocando el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Principio de Reciprocidad, el magistrado destacó que su solicitud “ha cumplido con los requisitos legales exigidos por la normatividad procesal para tramitar el ‘Exequator’ para la repatriación de estos fondos decomisados”.