Gobierno Peruano Cuestiona Uso Indebido del Derecho de Asilo
El Gobierno del presidente José Jerí se pronunció ayer sobre el salvoconducto solicitado por la embajada de México para permitirle a la expremier Betssy Chávez viajar al país vecino en su calidad de «asilada política».
Decisión sobre el Salvoconducto
La Cancillería optó por no conceder ni negar el recurso, sino realizar un pedido en fueros internacionales para revisar la Convención de Caracas (1954), firmada por veinte países, que regula la condición de un asilado. Solo después de ello, se adoptará una decisión.

Análisis Jurídico y Evolución Negativa
Torre Tagle emitió un comunicado indicando que se realizó un análisis de la solicitud de México «no solo al interior de la entidad, sino también con expertos juristas de la región». Según detalló, se concluyó que desde la adopción de la Convención de Caracas, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), «se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional».
- Problema identificado: Uso indebido de la norma para calificar delitos comunes como casos de persecución política.
- Objetivo del gobierno: Evitar que se desnaturalice la esencia de la convención.
Malestar y Rechazo Oficial
El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Hugo de Zela, expresó «su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado». Remarcó que se ha brindado la facultad «a quienes no sufren persecución, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes».

Propuesta de Modificación y Proceso Urgente
La institución planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas. El objetivo es «evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo». Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros, y las gestiones «se llevarán a cabo de manera muy urgente».
Solo culminado este proceso, el Gobierno peruano decidirá si otorga o no el salvoconducto.