El Poder Ejecutivo peruano presentó al Congreso un proyecto de ley que busca inhabilitar definitivamente a empresas nacionales y extranjeras vinculadas a actos de corrupción para contratar con el Estado. La medida afectaría incluso a aquellas que intenten reorganizarse bajo nuevas razones sociales.
«La prohibición es de carácter definitivo y alcanza incluso a las personas jurídicas que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial», señala el texto respaldado por la presidenta Dina Boluarte y el jefe de Gabinete Gustavo Adrianzén.
Una de las empresas afectadas sería la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en el escándalo Lava Jato. La norma busca evitar que casos similares se repitan en contrataciones públicas.
El proyecto prioriza la transparencia y exige mayor rigor en la selección de socios comerciales del Estado, marcando un precedente en la lucha anticorrupción.
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