Diversos gremios de transportistas acataron ayer un paro en Lima y Callao que afectó a miles de usuarios. La medida, que contemplaba la paralización de 22 mil buses, cústers y combis, fue convocada para exigir acciones contundentes contra los asesinatos a choferes y las constantes extorsiones de bandas criminales.
La protesta fue anunciada días atrás por representantes del sector como Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, y Martín Ojeda, de Transportes Unidos. El motivo central: la inseguridad que sufren los conductores ante el sicariato y la extorsión sistemática.
La medida se acató de forma desigual. Mientras en zonas como Lourdes-Pauca (Callao), Caquetá y Puente Nuevo hubo circulación de unidades, otras rutas suspendieron totalmente el servicio, generando incomodidad y dificultades para los usuarios.
En respuesta a la protesta, se produjo una reunión en la plazuela de Acho, en el distrito del Rímac. El presidente de la República, José Jerí, se apersonó al lugar alrededor de las 9:00 a.m., acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Los dirigentes transportistas, quienes lo esperaban desde las 7:30 a.m., expresaron sus demandas.
Martín Ojeda exhortó al presidente a convocar una “reunión inmediata con los (representantes de los) tres poderes del Estado”.
Como resultado del diálogo, el presidente Jerí anunció la pronta publicación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato. Según explicó el mandatario, la norma estará lista el sábado 17 a más tardar y, “como máximo, será publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes 19 de enero”.
Con la publicación de la ley, se creará el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este equipo de élite estará conformado por:
Todos ellos serán sometidos a la prueba del polígrafo de forma semestral y a un régimen especial de seguridad, con el objetivo de garantizar su integridad y eficacia en la lucha contra estos delitos.
El paro evidenció la crítica situación de inseguridad que vive el sector transporte y presionó al gobierno para acelerar acciones concretas, cuya implementación se espera en los próximos días.
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