ONPE bajo la lupa: Irregularidades en contrato con Galaga SAC por S/2.3 millones

Alerta de corrupción sacude a la ONPE: Contrato millonario con Galaga SAC bajo investigación

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el pasado 11 de febrero de 2026, una carta con número de expediente oficial ingresó a la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtiendo sobre posibles irregularidades en una contratación con la empresa Servicios Generales Galaga SAC. El documento fue dirigido directamente a Piero Corvetto, exjefe de la institución, sin embargo no generó ninguna respuesta oficial.

Adjudicación cuestionada: Galaga ganó pese a oferta más cara

Semanas antes de esa alerta, el 2 de febrero, la ONPE adjudicó a Galaga un servicio de transporte y despliegue de material electoral por S/2′299,401 soles. En dicho proceso también participó el Consorcio AFE, un operador logístico con experiencia internacional, cuya propuesta económica fue casi S/500,000 soles menor. Galaga ganó la licitación pese a presentar la oferta más cara.

Proceso de dos etapas: ¿Favoritismo o mala praxis?

Los lineamientos de contratación de la ONPE para esa licitación establecían que las empresas postoras debían presentar primero sus ofertas técnicas, recibir su calificación y, recién después de conocidos esos resultados, presentar sus propuestas económicas. Ese diseño en dos etapas separadas fue el punto central de las críticas de expertos en contrataciones públicas.

“Presentar en primer lugar la oferta técnica y, sabiendo los resultados, la oferta económica, eso es una práctica ya desterrada en la contratación pública que se usaba antes en la prehistoria. Eso ya no se utiliza, es un procedimiento atípico en este tipo de contrataciones”, observó Marco Montoya, especialista en la materia.

Tras conocer el resultado del proceso, la empresa AFE remitió una carta directamente a Corvetto en la que señalaba que el esquema de evaluación generaba una asimetría de información entre los postores. En el documento precisaba que el postor favorecido, al conocer primero su puntaje técnico, podría haber accedido por canales irregulares al presupuesto reservado de la entidad, lo cual afectaría “la sana competencia en perjuicio de la ONPE”.

Los números sospechosos y la participación de Lilia Flores Bancho

Los números del proceso alimentaban esa sospecha. Galaga presentó una propuesta de S/2′229,401 sobre un presupuesto máximo de S/2′350,000, dejando un margen de apenas S/120,000, una cifra que los propios servidores de la ONPE registraron en el acta de buena pro con dudas, según fuentes presentes ese día.

Entre los servidores de la ONPE que el Ministerio Público identifica como piezas del presunto esquema de colusión figura Lilia Flores Bancho, especialista en contrataciones vinculada a la institución bajo órdenes de servicio. Su nombre aparece en el acta de buena pro del contrato de febrero adjudicado a Galaga, documento en el que estampó su firma para cerrar ese proceso.

Su participación no se limitó a esa licitación. Meses después intervino también en el proceso que derivó en el contrato de S/6 millones otorgado a Galaga para el traslado del material electoral el día de los comicios, lo que la convierte en un vínculo directo entre ambas adjudicaciones. La Fiscalía le atribuye haber modificado los términos de referencia de las licitaciones, entre ellos la reducción de dos metros en el largo mínimo exigido a los vehículos, un ajuste que, según la tesis del Ministerio Público, habría favorecido a Galaga frente a los demás postores.

Consecuencias: Crisis institucional y renuncia de Corvetto

Los mismos lineamientos cuestionados permanecieron vigentes en la siguiente licitación, en la que Galaga obtuvo el contrato de S/6 millones para operar el día de las elecciones. Las deficiencias logísticas registradas esa jornada generaron retrasos en la apertura de mesas en diversas regiones del país y derivaron en una crisis institucional que concluyó con la renuncia de Corvetto.

La defensa de Galaga: Pronunciamiento oficial

Mientras tanto, la defensa de Galaga insiste en que todos los postores conocían las reglas del proceso y que no hubo favoritismo, posición que el Ministerio Público deberá contrastar con la evidencia reunida en las diligencias ya ejecutadas.