Una investigación periodística reveló que el congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, habría destinado al agente policial asignado a su seguridad personal para servir a Grecia Dávila, una mujer de 35 años que trabajó en su despacho parlamentario. De acuerdo con el informe, el efectivo de la Policía Nacional utilizó el vehículo oficial y el combustible financiado con recursos públicos para trasladar a la extrabajadora a distintos puntos de la ciudad, mientras el legislador no se encontraba a bordo en ninguno de esos recorridos.
Las imágenes captadas muestran al agente esperando a Dávila, quien en una de las tomas aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras el policía la conducía. Este uso del personal de seguridad estatal para atender necesidades de terceros sin cargo público constituye una presunta infracción al reglamento interno de la PNP.
La mujer que aparece en el informe cumplió funciones en el despacho del parlamentario. Además, en noviembre de 2025 ocupó el cargo de técnico en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, comisión que estaba presidida por Doroteo. Aunque ese vínculo contractual con el Congreso finalizó, Dávila continúa disponiendo del vehículo oficial y del personal de seguridad asignado al legislador.
Más allá de la relación laboral, las investigaciones registraron a Doroteo y Dávila caminando de la mano y realizando compras juntos. Las normas vigentes establecen que una ciudadana sin cargo público no tiene derecho a utilizar recursos del Estado para su movilidad personal, lo que agrava el presunto desvío de fondos.
La investigación también identificó que el favorecimiento habría alcanzado a familiares directos de Dávila. Su hermana, Claudia Selene Dávila Albitres, figura como auxiliar en el servicio de informática del Congreso con una remuneración de S/5,000 mensuales, sin registrar grados académicos en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
Asimismo, los padres de Grecia Dávila aparecen en los registros de ingreso al Parlamento como invitados del legislador a eventos oficiales. Este patrón de acceso preferencial refuerza la tesis de un manejo irregular de los recursos y la agenda de la oficina parlamentaria.
El empleo de un vehículo oficial y de un agente policial del Estado para fines ajenos a la función pública podría encuadrarse en el delito de peculado de uso, figura contemplada en el Código Penal peruano. Además, el Código de Ética Parlamentaria prohíbe de manera expresa que los legisladores destinen recursos públicos en beneficio de terceros.
De acreditarse la responsabilidad de Doroteo, el caso podría ser derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Las sanciones aplicables van desde la suspensión en el ejercicio del cargo hasta la inhabilitación para ocupar funciones públicas. Al ser consultado sobre estos hechos, el congresista no respondió y se retiró sin dar explicaciones.
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