El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue el primero en intervenir durante el bloque electoral del CADE Ejecutivos 2025, donde expuso sus principales iniciativas para enfrentar la inseguridad y reformar el sistema judicial peruano.
Entre las medidas más destacadas, López Aliaga propuso la implementación de «jueces sin rostro» para procesar casos de terrorismo urbano, buscando agilizar y proteger los procesos judiciales en contextos de alta peligrosidad.
El aspirante al sillón de Pizarro también abogó por una reforma total del Poder Judicial y el Ministerio Público, basada en principios de meritocracia, línea de carrera y la atracción de talento, tomando como referencia el modelo del Banco Central de Reserva (BCR).
López Aliaga anunció que, en su eventual gobierno, se presentará una demanda del Estado Peruano contra Brookfield ante el CIADI por al menos tres millones de dólares, relacionada con la compra de acciones de Odebrecht en una concesión obtenida de manera corrupta.
«La compra de acciones a Marcelo Odebrecht se materializó estando preso y sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción en Brasil», sostuvo el precandidato.
Además, indicó que la Procuraduría Pública del Perú procederá a la inmediata incautación y pérdida de dominio de todos los activos de Odebrecht y sus subsidiarias en el país, con el objetivo de garantizar la recuperación del daño económico y moral ocasionado.
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