El pasado 26 de marzo, el Consejo Fiscal emitió su Comunicado N° 02-2026, donde reiteró su «profunda preocupación» por la continua aprobación de normas con impacto fiscal adverso para el país. Esta no es la primera advertencia; en octubre de 2025 el organismo ya había alertado sobre esta peligrosa tendencia.
En entrevista, la consejera Carolina Trivelli reveló que el organismo estima un costo anual permanente de al menos 11,400 millones de soles solo por las leyes aprobadas en lo que va de 2026. «Estas normas traerán un mayor déficit a futuro», afirmó, explicando que la actual bonanza por los altos precios de minerales enmascara un problema grave de sostenibilidad.
«Cuando los precios dejen de ser extraordinarios, no podremos afrontar estos gastos aprobados, que son además gastos permanentes. Ahí tendremos que recurrir a endeudarnos o a gastar los pocos activos que le quedan al Estado», señaló Trivelli.
La consejera fue enfática al señalar las marcadas inequidades que introducen estas leyes. Puso como ejemplo la norma sobre pensiones de maestros, que beneficiará a un sector específico por encima de otros servidores públicos.
Al ser consultada sobre por qué el Ejecutivo no observa estas leyes pese a sus «visos de inconstitucionalidad», Trivelli fue directa: «Eso obedece a la debilidad del Ejecutivo frente a un muy poderoso Congreso». Aseguró que no existe un sano equilibrio de poderes y que el Gobierno está «supeditado» al Legislativo.
Trivelli recordó que, tras las primeras advertencias, hubo una reacción del entonces premier Álvarez y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes convocaron a un Pacto Fiscal. Sin embargo, calificó esto como un gesto para «cumplir las formas», ya que no se tomaron medidas efectivas para detener la ola de normas negativas.
«El Congreso no se interesó por el asunto, solo cuestionó e insultó al Consejo Fiscal y a sus miembros», lamentó la consejera.
Frente a la inacción de las autoridades, Trivelli reconoció la limitación del organismo: «Emitimos opinión no vinculante. No tenemos otros instrumentos». Aunque el Consejo se ofreció a actuar como amicus curiae ante el Tribunal Constitucional, solo ha sido consultado en un caso hasta el momento.
La Nota de Discusión de octubre de 2025 reveló un dato contundente: el Congreso 2021-2026 promulgó 229 leyes con impacto fiscal adverso. Esta cifra representa más del triple del promedio de los tres períodos legislativos anteriores, evidenciando un salto cuantitativo preocupante.
Trivelli atribuyó este fenómeno a la pérdida de equilibrio entre los poderes del Estado, donde el Legislativo puede afectar la economía sin un contrapeso efectivo.
Pese a las críticas y la falta de eco, Carolina Trivelli aseguró que el Consejo Fiscal seguirá cumpliendo su labor de alertar y colaborar dentro de su marco legal. «La única motivación del Consejo Fiscal es contribuir a la sostenibilidad fiscal del Perú», concluyó, dejando en claro que, aunque su voz sea la de un actor no vinculante, es una voz técnica necesaria en medio de la tormenta política.
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