La Junta de Fiscales Supremos criticó este lunes 12 de mayo la promulgación de la Ley 32326, que modifica los procesos de extinción de dominio. Según su pronunciamiento, la norma exige una sentencia firme y consentida para iniciar el procedimiento y establece un plazo máximo de 5 años, reduciendo la efectividad histórica de recuperación de activos ilícitos.
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, denunció que la ley fue aprobada sin considerar las observaciones del Ministerio Público ni las recomendaciones de expertos.
«Con esta modificación, el Estado deberá esperar largos procesos judiciales antes de intervenir bienes ilícitos», afirmó.
Espinoza subrayó que la norma contradice los acuerdos globales contra el crimen organizado, calificándola como un «retroceso a nivel mundial» en la recuperación de activos.
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