Investigación fiscal destapa presunta red de uso indebido de la PNP
La Fiscalía peruana ha iniciado una investigación contra el coronel PNP en retiro y abogado Percy Tenorio Gamonal, por su presunta participación en el uso irregular de efectivos policiales para desalojos privados y otros fines. Según el informe, el caso se centra en un operativo de desalojo en La Molina, donde la empresa Arenera La Molina habría utilizado a la policía para recuperar un terreno de 80 hectáreas de manera irregular.
Detalles del operativo en La Molina
El 15 de octubre de 2024, Percy Tenorio, como abogado de la empresa, habría liderado el desalojo sin una orden judicial, con la ayuda de efectivos de la comisaría de Manchay. El entonces jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, presuntamente reforzó la operación con 50 agentes adicionales. La afectada, Lineth Rocío Ramírez Quispe, denunció los hechos, lo que motivó la apertura de la investigación fiscal.
Vinculaciones previas y patrones recurrentes
Percy Tenorio no es ajeno a investigaciones de alto perfil. En 2020, fue vinculado a los operativos policiales durante las marchas contra la vacancia de Martín Vizcarra, donde fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. En ese caso, su abogado fue Juan Santivañez, actual ministro de Justicia. Además, su nombre figura en el caso Ícaro, donde se le acusa de coordinar desalojos en Ayacucho y solicitar pagos por hasta 160 mil dólares.

Conexiones políticas y contratos bajo la lupa
La investigación también revela vínculos con la esfera política, ya que registros de visitas conectan a Tenorio con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Adicionalmente, se indaga su participación en contratos para la defensa legal de policías procesados por muertes en protestas, con montos que presuntamente ascenderían al millón de soles.
Estado actual de la investigación
La Fiscalía, a través del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, continúa recabando evidencias para corroborar la presunta coordinación irregular entre la empresa y la policía. De confirmarse, estos casos —que incluyen las marchas de noviembre de 2020, el caso Ícaro y el desalojo en La Molina— evidenciarían un patrón de uso indebido de la Policía Nacional con fines privados y políticos.