Trabajadores del despacho congresal destinan horas de trabajo a actividades proselitistas
Dos empleados del despacho del congresista Roberto Sánchez Palomino, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), fueron grabados realizando actividades políticas durante su horario laboral, en un claro desvío de sus funciones públicas.

Los casos documentados: funciones públicas vs. campaña electoral
El dominical Cuarto Poder evidenció que los trabajadores, quienes debían cumplir labores en el Congreso de la República, fueron captados en los exteriores del penal de Barbadillo, donde aparentemente brindaban apoyo a la visita del candidato Roberto Sánchez al expresidente Pedro Castillo.
Gian Marco Castillo Gómez: coordinador y fotógrafo de campaña
- Cargo: Coordinador del despacho congresal desde abril de este año.
- Incidente: Grabado el 27 de noviembre fuera del penal de Barbadillo en plena jornada laboral.
- Actividad: Realizaba labores de fotografía para el candidato, portando banderolas del partido JP.
- Salario: Superior a los 3 mil soles mensuales.
- Vínculo: Sobrino del expresidente Pedro Castillo. Al ser consultado, evitó responder alegando falta de permiso y negó haber visitado a su tío.
Ernesto Zunini Yerren: técnico y secretario general del partido
- Cargo: Técnico del despacho congresal y secretario general nacional de Juntos por el Perú.
- Incidente: Captado el 21 de noviembre en actividades similares de proselitismo.
- Salario: Asciende a 7 mil soles mensuales para labores congresales.
Expertos alertan sobre el uso de recursos públicos con fines políticos
“Está prohibido realizar proselitismo o usar recursos del Estado en favor de una campaña electoral. Lo que se está descubriendo es solo la punta del iceberg”, señaló Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado.
Montoya indicó que corresponde al jefe inmediato aplicar sanciones disciplinarias, pero en este caso, al tratarse del propio Roberto Sánchez, resulta poco probable que se tomen medidas.
Impacto y cuestionamientos éticos
Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos con fines políticos, especialmente en medio de una campaña electoral. Los hechos ponen en evidencia posibles violaciones a las normas de ética pública y contratación estatal.