El Congreso de Perú muestra posiciones divergentes respecto al otorgamiento del salvoconducto para la exministra Betssy Chávez, en medio de la ruptura diplomática con México. Los legisladores exponen argumentos basados en el marco legal y tratados internacionales.
El congresista José Williams enfatizó que tanto la ruptura de relaciones con México como la decisión sobre el salvoconducto deben manejarse «estrictamente dentro del marco legal» y siguiendo los procedimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde una perspectiva contraria, Alejandro Muñante se opone rotundamente a la concesión del documento. Sostiene que el caso «no encaja como persecución política bajo la Convención de Caracas».
En contraposición, la congresista Pasión Dávila defiende el asilo político, afirmando que Betssy Chávez «enfrenta una persecución política» y ha sido «víctima de un proceso injusto».
«Debe evaluarse el caso bajo los compromisos internacionales vigentes»
La controversia se enmarca en la ruptura diplomática con México, agregando complejidad a una decisión que requiere equilibrio entre la legislación nacional y los acuerdos internacionales.
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