Protección de Autonomía de Osiptel Frente a OCDE
El congresista Ernesto Bustamante Donayre, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, defendió la necesidad de preservar la autonomía del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Su pronunciamiento se dio en la sesión realizada este miércoles 3 de septiembre de 2025, en respuesta a observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre traslapes de funciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Autonomía Institucional como Fortaleza
Bustamante explicó que, aunque la OCDE plantea que las opiniones técnicas de Osiptel sean vinculantes para el MTC, esto no implica un recorte a su independencia. “La función principal de Osiptel es la defensa de los usuarios y ciudadanos”, indicó.
Subrayó que el Perú cuenta con una separación normativa de funciones entre el regulador y el sector, a diferencia de países como Colombia, Chile o Costa Rica, lo que constituye una fortaleza en el proceso de incorporación a la OCDE.
Regulación del Spam Telefónico
El congresista relató su experiencia personal: “He recibido más de dos mil llamadas spam, muchas a medianoche o de madrugada, con números anónimos o inexistentes”. Denunció que esta práctica es invasiva y vulnera la privacidad.
Propuestas Concretas
- Identificación obligatoria de todas las llamadas.
- Respeto de horarios razonables de comunicación.
- Priorización de mensajes previos antes del contacto telefónico.
- Eliminación de sistemas de marcación simultánea en call centers.
- Implementación de un mecanismo de “desuscripción telefónica”.
Por su parte, el viceministro de Comunicaciones, Carlo De Los Santos Serna, informó que el MTC elabora una norma para regular las llamadas comerciales sin afectar la actividad económica, la cual será prepublicada este mes.
Conclusión: Modelo Peruano ante la OCDE
Bustamante recalcó que el ingreso del Perú a la OCDE no debe suponer la copia de otros modelos, sino demostrar que el sistema nacional asegura independencia regulatoria, protección al usuario y calidad en servicios públicos.