Jorge Zapata, presidente de la Confiep, declaró a Canal N que la propuesta de ley MAPE es «improvisada e inconveniente», argumentando que perpetuaría la minería informal en lugar de resolverla.
Zapata respaldó la no asistencia del gobierno a la sesión extraordinaria y exigió un nuevo proceso con participación de expertos y sociedad civil.
El líder empresarial condenó las amenazas de radicalización de dirigentes mineros y urgió mantener el decreto supremo que limita la expansión minera informal.
Sobre los bloqueos en el sur, Zapata cuestionó la capacidad del gobierno de Dina Boluarte pero valoró el operativo en Pataz que redujo la violencia minera, proponiendo replicar dicho modelo.
Respaldó las cifras de pérdidas económicas por bloqueos y exhortó al gobierno a actuar con firmeza para desbloquear carreteras y aplicar la ley.
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