Críticas al traslado de expresidente Martín Vizcarra
El abogado defensor de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, manifestó su desacuerdo con el anuncio del INPE sobre el posible traslado de su cliente a un penal común, en lugar de mantenerlo en Barbadillo, considerando su condición de expresidente. Siccha aseguró que ya tienen preparadas acciones legales para impugnar esta decisión.
Acciones legales en marcha
«Nosotros ya tenemos dos acciones totalmente listas, redactadas. En todo caso, esta junta Ad Hoc decidiría reclasificar al señor Martín Vizcarra en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Nosotros ya tenemos preparados un habeas corpus correctivo y vamos a impugnar la decisión por la vía administrativa», expresó Siccha a RPP.
El letrado exhortó a los funcionarios del INPE a ofrecer mayores explicaciones sobre esta determinación, que afectó psicológicamente a su cliente. Además, responsabilizó a Roy de la Torre, director regional de Lima del INPE, por cualquier riesgo que pudiera correr la vida del exjefe de Estado.

Irregularidades en clasificación penitenciaria
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la clasificación que permitió el ingreso de Vizcarra a Barbadillo, detectando irregularidades en el procedimiento realizado el 14 de agosto. Según la resolución, la Junta Técnica de Clasificación no aplicó correctamente la normativa, ya que el puntaje obtenido por Vizcarra (16) correspondía a Lurigancho, de acuerdo con la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP.
Nueva evaluación técnica
Para subsanar estas inconsistencias, se conformó una nueva Junta Técnica de Clasificación integrada por Huilca Arbieto Rolando (abogado), Evaristo Puño Mónica Roxana (psicóloga) y Ríos Saenz Elena (trabajadora social). Esta comisión realizará una reevaluación para determinar el penal correspondiente, respetando criterios técnicos y legales.
Contexto del caso
Vizcarra fue recluido en Barbadillo bajo estricta custodia policial, convirtiéndose en el quinto expresidente en dicho penal, junto con Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori. La prisión preventiva fue dictada por el Poder Judicial en el marco de investigaciones por presuntos sobornos en los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, donde la Fiscalía solicita una condena de 15 años.