Defensoría del Pueblo se apersona como amicus curiae en caso judicial de Vladimir Cerrón

Órdenes de captura renovadas y una intervención institucional sorpresiva

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional renovó las órdenes de ubicación, captura y conducción nacional e internacional en contra de Vladimir Cerrón Rojas mediante la Resolución N° 19, emitida el 27 de marzo de 2026.

En un giro inesperado, el mismo juzgado dio cuenta de que Carlos Fernández Millán, abogado de la Defensoría del Pueblo, presentó un escrito con ingreso N° 53829-2025, mediante el cual «se apersona al proceso y solicita se le considere como amicus curiae». Esta figura jurídica permite a instituciones ajenas al litigio presentar argumentos.

Una intervención calificada como «inusual» por expertos legales

El abogado penalista Andy Carrión explicó que esta intervención resulta llamativa, considerando el contexto del caso.

«No es muy usual que la Defensoría del Pueblo se inmiscuya en un proceso en curso; más aún, si es que hay un personaje que tiene investigaciones o que eventualmente es prófugo de la justicia», advirtió.

Valeria Morón, también penalista, añadió que la función principal de Fernández Millán, quien es adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, es la defensa de grupos vulnerables. «No queda muy claro qué tiene que ver eso con un exfuncionario público procesado. Pareciera estar fuera de su competencia», opinó.

La sombra de un posible conflicto de interés

Ambos expertos coincidieron en señalar un posible conflicto de interés. Carrión remarcó: «Ya es público que la Defensoría lo apoya, el actual defensor ha sido su abogado».

Cabe recordar que el actual Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue también abogado de Cerrón. Morón añadió que «la controversia surge por un posible conflicto de interés, debido a la cercanía del actual Defensor del Pueblo con Perú Libre, al que pertenece el investigado».

¿Qué implica la figura del amicus curiae?

La presentación como amicus curiae por parte de la Defensoría del Pueblo busca influir en el proceso judicial desde una perspectiva institucional, aunque no es parte directa en el litigio. Esta acción pone bajo los reflectores el papel de la institución en un caso de alto perfil político.