El Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando al ciudadano estadounidense Samuel Tunick por presuntamente proporcionar a las autoridades fronterizas una contraseña que borró el contenido de su teléfono, según una acusación formal y reportes de medios de comunicación. Este caso es considerado el primero en el país en que se imputa a alguien por la destrucción de datos mediante una «contraseña de duress» incorporada en el software del dispositivo.
Tunick, residente de Atlanta, llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 24 de enero de 2025 tras un viaje al extranjero. Según sus abogados, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo retuvieron en una inspección secundaria y le negaron repetidamente el acceso a un abogado, sin informarle de sus derechos legales. La acusación del gobierno contiene un error tipográfico («Untied States Code») y alega que Tunick proporcionó una contraseña que provocó que el teléfono «eliminara los contenidos digitales» antes de que el dispositivo fuera incautado.
El equipo legal de Tunick confirmó que su teléfono ejecutaba GrapheneOS, un sistema operativo Android personalizado que permite configurar una contraseña especial que, al ser introducida, borra deliberadamente todo el contenido del dispositivo. Esta función está diseñada para proteger la información en situaciones de coacción. Cuando los agentes introdujeron la contraseña proporcionada por Tunick, «la pantalla se quedó en blanco, parpadeó varias veces y el teléfono pareció reiniciarse». Aun así, las autoridades incautaron el dispositivo y luego informaron a Tunick que podía ingresar a Estados Unidos.
La fiscalía acusó a Tunick bajo un estatuto federal que tipifica como delito destruir o dañar conscientemente una propiedad para impedir su incautación. Tunick se declaró no culpable. Sus abogados presentaron una moción para suprimir las pruebas, argumentando que la detención y la incautación fueron ilegales. La moción sostiene que el gobierno exigió acceso al teléfono bajo el pretexto de buscar imágenes de explotación infantil, pero sin presentar pruebas de sospecha. En realidad, afirman, el gobierno investigaba a Tunick por su vínculo con el movimiento ambientalista Defend the Atlanta Forest, que se opone al desarrollo de un centro de entrenamiento policial conocido como «Cop City».
Los agentes fronterizos alegaron que no necesitaban una orden judicial para revisar el teléfono porque Tunick aún no había cruzado la frontera de EE.UU., una postura que el gobierno ha mantenido durante mucho tiempo.
Bill Budington, tecnólogo senior de la Electronic Frontier Foundation, y Runa Sandvik, experta en seguridad digital, indicaron que no habían visto casos similares de uso de contraseñas de urgencia. Sandvik comentó: He discutido este escenario potencial con activistas y periodistas durante años. Este caso sirve como recordatorio de que las autoridades pueden argumentar que destruiste datos a sabiendas, por lo que es mejor no llevar esos datos al cruzar ciertas fronteras.
Asimismo, recomendó planificar con anticipación y descargar los datos necesarios una vez en el destino.
El tribunal federal de Atlanta que supervisa el caso deberá pronunciarse sobre la moción de supresión presentada por la defensa más adelante este año. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Este caso plantea interrogantes sobre los derechos constitucionales en la frontera y el uso de tecnologías de protección de datos frente a las autoridades.
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