Los residentes del Royal Mint Court, en Londres, enfrentan dificultades para vender sus hogares debido a la futura construcción de la megaembajada de China. La adquisición del terreno por parte del Gobierno de Pekín ha generado desconfianza entre los posibles compradores, quienes temen los riesgos asociados a tener al Estado chino como copropietario.
El Ejecutivo chino obtuvo la aprobación urbanística en enero para transformar este complejo, ubicado frente a la Torre de Londres, en su sede diplomática más grande en Europa. Esta decisión sigue a la compra del terreno de 5,4 acres y la plena propiedad de unos 100 apartamentos contiguos, realizada en 2018.
La principal preocupación de los vecinos radica en la vigencia de sus contratos de arrendamiento, muchos de los cuales tienen menos de 90 años. A diferencia de la anterior administración de Crown Estate, el Gobierno chino no ha confirmado si renovará estos acuerdos, lo que deja a los residentes sin garantías legales de permanencia.
Mark Nygate, tesorero de la asociación de vecinos, señaló que las únicas gestiones concretas recibidas de los nuevos propietarios han sido regalos simbólicos, como pasteles de luna y ofertas de clases de tai chi. Esta falta de claridad ha provocado que agentes inmobiliarios rechacen gestionar las ventas tras experiencias fallidas en la misma zona.
La estructura legal de los contratos añade complejidad: los residentes poseen el 60% de sus arrendamientos, mientras que Metropolitan Thames Valley (MTVH) mantiene el 40% restante. Este límite inusual dificulta la obtención de hipotecas, ya que los prestamistas suelen evitar situaciones no convencionales.
Los precios de venta, que oscilan entre 350.000 y 550.000 libras según el tamaño, no han atraído compradores debido al estancamiento del mercado y a los temores de seguridad. Los residentes han expresado inquietudes por posibles vigilancias, protestas y la falta de transparencia sobre los planes generales del sitio.
Ante la negativa de la embajada a negociar prórrogas hasta su instalación, los vecinos han recurrido a la vía judicial. Tras perder una demanda ante el Tribunal Superior, buscan apelar la decisión que permitió al gobierno de Sir Keir Starmer otorgar el permiso de construcción, bloqueado previamente por razones de seguridad.
Con información de EL PAÍS: el periódico global. Foto: Robert Lamb / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
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