Más de 531,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan deportación tras la decisión de la administración Trump de cancelar el programa de parole humanitario creado en la era Biden. Florida recibió al 80% de estos migrantes según datos oficiales.
«No los castiguen por los errores de Biden. Deben tener oportunidad de defender su caso»
– María Elvira Salazar (R-FL)
La congresista republicana, cuyo distrito incluye Little Havana, criticó la «limbo legal» creado mientras 75,000 solicitantes de asilo esperan resolución.
Sheila Cherfilus-McCormick (D-FL) alertó: «Estos migrantes sostienen aeropuertos, hospitales y escuelas. Su expulsión paralizará sectores clave».
Frederica Wilson (D-FL) denunció: «Deportarlos es una sentencia de muerte. Separará familias y cambiará el tejido social de South Florida».
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