Con la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití programada para expirar el 3 de febrero, líderes de South Florida hicieron un llamado urgente a la administración Trump para que extienda las protecciones migratorias, advirtiendo que su finalización sería devastadora para miles de familias y la economía local.
Más de 350,000 haitianos a nivel nacional, incluyendo aproximadamente 100,000 residentes en South Florida, se enfrentan a la posibilidad de detención y deportación. El Arzobispo de Miami, Thomas Wenski, subrayó en una conferencia de prensa:
«No deberíamos forzar a los haitianos a regresar a una crisis, de vuelta a Haití, ni crear otra crisis aquí, porque los estamos forzando a salir de sus trabajos».
Randolph McGrorty, de Catholic Legal Services, describió la potencial pérdida del estatus como «un desastre, a diferencia de cualquier otro huracán. Sabemos exactamente cuándo viene, dónde golpeará, quién será afectado. Y a diferencia de otros huracanes, esto puede evitarse porque es hecho por el hombre».
Los titulares de TPS son contribuyentes vitales. Luis Zaldivar, del American Business Immigration Coalition Action, reveló que este grupo de inmigrantes paga $4.6 mil millones anuales en impuestos y $690 millones cada año al Seguro Social. «La situación migratoria actual está desgarrando nuestra nación y dañando nuestra economía», afirmó.
En el sector salud, su papel es crucial. El Dr. Brian Kriedrowski de Catholic Health Services, que emplea a 44 haitianos con TPS, dijo:
«Estos hombres y mujeres no son solo nuestros empleados. Con los años, se han convertido en socios en nuestra misión y en nuestra familia».
Los líderes destacan la situación catastrófica en Haití, con violencia de pandillas, inestabilidad política y una crisis humanitaria entre las peores del mundo. La congresista Frederica Wilson lo describió como un «desastre humanitario increíble», con guerra abierta, violencia contra mujeres y niños, y sin escuelas o trabajo.
El Padre Feliere Louis, un sacerdote de la Arquidiócesis de Miami proveniente de una zona aislada por pandillas, personifica el riesgo. La ONU reporta que más de la mitad de la población haitiana carece de alimentos suficientes.
En el Congreso, miembros de los caucus Negro y de Haití buscan una petición para forzar una votación que proteja el TPS, liderada por la representante Ayanna Pressley. Se necesitan 218 votos, incluidos cuatro republicanos.
La alcaldesa del condado Miami-Dade, Danielle Levine Cava, y otros funcionarios electos pidieron revocar la decisión:
«Esta es una comunidad que sufriendo… no es momento de forzarlos a regresar a un lugar en caos, infestado de crimen, violencia y muerte».
Con la fecha límite acercándose, el Arzobispo Wenski insistió: «Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Esta es la acción correcta». La extensión del TPS para haitianos no solo es una cuestión de política migratoria, sino de responsabilidad humanitaria y económica para South Florida y todo el país.
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