Un juez federal detuvo este lunes la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida preserva las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para más de 300,000 haitianos que viven en los Estados Unidos.
Los beneficios del TPS estaban programados para expirar el martes 3 de febrero de 2026 a las 11:59 p.m.. Sin embargo, la orden de la jueza del Distrito de Washington, D.C., Ana C. Reyes, pausa esa terminación mientras continúa el litigio presentado por cinco titulares haitianos de TPS.
Los defensores recomiendan que los individuos con TPS informen a sus empleadores que aún están autorizados para trabajar. Steve Forrester, un abogado y organizador comunitario de Miami, señaló:
«La orden del juez es suficiente para los empleadores. Tiene fuerza de ley y extiende los permisos de trabajo hasta nuevo aviso.»
La Haitian Bridge Alliance ha preparado una carta para que los titulares de TPS presenten a sus empleadores, disponible para descarga en su sitio web. Además, se enfatiza buscar asesoría de un abogado licenciado y reputado, y se advierte que los notarios no son abogados en los Estados Unidos. Organizaciones como la Haitian Lawyer Association y Catholic Legal Services ofrecen consultas legales gratuitas.
En su fallo de 83 páginas, la jueza Reyes determinó que los demandantes haitianos probablemente tendrían éxito en sus argumentos. Encontró que la secretaria del DHS, Kristi Noem, probablemente tomó su decisión de terminar el TPS debido a hostilidad hacia inmigrantes no blancos, citando comentarios derogatorios de la secretaria.
El fallo también destacó que una suspensión está en el interés público. Los titulares haitianos de TPS contribuyen aproximadamente $3.4 mil millones anuales a la economía estadounidense y ayudan a llenar la escasez de mano de obra en industrias esenciales. Pagan un estimado de $1.3 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.
Reyes rechazó el argumento gubernamental de que los titulares de TPS dependen de la asistencia pública, señalando que son «mayormente inelegibles para casi todos los beneficios públicos federales». Además, el gobierno no presentó evidencia de que los titulares haitianos de TPS representen una amenaza para la seguridad nacional; de hecho, las tasas de encarcelamiento entre inmigrantes haitianos son más bajas que las de los estadounidenses nativos.
El DHS ha expresado que «discrepa vehementemente» con el fallo y está consultando al Departamento de Justicia sobre los próximos pasos de la administración.
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