En un mitin en Hialeah (2023), Donald Trump prometió terminar con la «invasión» de inmigrantes indocumentados, recibiendo aplausos al anunciar que su administración perseguiría a «criminales indocumentados». Sin embargo, bajo su actual gobierno, la definición de criminalidad se ha ampliado para incluir a todos los indocumentados, independientemente de su historial.
El gobernador Ron DeSantis respaldó esta postura en febrero, declarando:
«Si estás aquí ilegalmente eso también es un crimen… Quiero que te vayas antes de que cometas un delito grave»
Esta postura ha generado temor en comunidades hispanas de Florida, un grupo diverso que apoyó a Trump en 2024.
El abogado Mark Hamburger explica:
«Trump quiere agrupar a todos los inmigrantes como criminales, pero no es verdad… Ahora detienen a cualquiera que esté aquí ilegalmente»
Hamburger relata casos como el de una cliente nicaragüense con sólido caso de asilo que abandonó su proceso por estrés psicológico.
La congresista María Elvira Salazar presenta el «Dignity Act», buscando estatus legal para indocumentados sin antecedentes. El profesor Eduardo Gamarra (FIU) señala que esto la coloca en «una encrucijada» con su base electoral inmigrante.
Encuesta de FIU entre venezolanos en Florida (mayo 2025) revela que un tercio de votantes de Trump se sienten traicionados por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS). Mike Madrid, analista político, destaca un cambio histórico:
«¡Nunca antes habíamos visto este miedo en la comunidad cubanoamericana con un presidente republicano!»
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