La ex presidenta de una de las asociaciones de propietarios más grandes de Florida, Marglli Gallego, de 44 años, se declaró culpable el jueves por la tarde de cargos de crimen organizado y hurto mayor, junto a su esposo Juan Antonio González, de 49 años, quien admitió un cargo de lavado de dinero. La pareja fue acusada de desviar $2 millones de las cuotas de mantenimiento mensuales de los residentes.
La jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, Andrea Ricker Wolfson, sentenció a Gallego a 7 años de prisión seguidos de 7 años de libertad condicional, con crédito por los más de tres años que ya cumplió. A González se le impusieron 7 años de libertad condicional, además de la orden de entregar a la HOA un cheque de $50,000 y la escritura de una propiedad de 5 acres valorada en $1.2 millones ubicada en 17481 SW 192nd St., en South Miami-Dade.
Gallego fue funcionaria de larga trayectoria de la Hammocks Community Association, que supervisa 40 comunidades y más de 6,500 unidades. Según los fiscales, Gallego y otros líderes de la HOA participaron en un complejo esquema que incluyó la creación de varias «empresas fantasma» —una de ellas registrada a nombre de González— que generaron más de $1.4 millones entre 2017 y 2022.
Además, Gallego utilizó una tarjeta de crédito de la HOA para compras personales en supermercados, panaderías y restaurantes de comida rápida como Pollo Tropical, Panera Bread y Little Caesars. También ordenó al personal de seguridad que acosara a miembros rivales de la asociación, según la policía.
La fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, declaró:
“[Gallego] logró infiltrarse en la junta de la HOA, que se convirtió en su vaca lechera en el esquema”.
Fernández Rundle destacó que la investigación condujo a una respuesta legislativa feroz e inmediata, con nuevas leyes que sancionan el fraude electoral en HOA, prohíben la mezcla de fondos y promueven mayor transparencia.
El actual presidente de la HOA, Don Kearns, dijo:
“No teníamos idea de que era una empresa criminal apoderándose de nuestro querido vecindario. Este fue un caso muy complejo de resolver. Era crimen organizado instalándose en West Kendall”.
También fueron arrestados en la investigación: Mónica Ghilardi (56), Myriam Rodgers (80), Yoleidis López (50), Kevin Alzate (34), primo de Gallego; Iván Diez (59), acusado de estar detrás de una empresa fantasma; y Jesús Cue (64), contador de la asociación. Ghilardi y Rodgers llegaron a acuerdos: Ghilardi se declaró culpable de hurto mayor y perjurio, y fue condenada a un año de prisión seguido de 12 años de libertad condicional. Rodgers recibió una suspensión de sentencia sin antecedentes penales, con 5 años de libertad condicional. Los demás casos permanecen abiertos.
La investigación policial comenzó después de que los residentes expresaran su preocupación por la disminución de los fondos de reserva y los gastos excesivos no documentados.
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