Más de 21 estados republicanos y fiscales generales se han unido a los esfuerzos de la administración de Ron DeSantis para mantener operativa la instalación de detención Alligator Alcatraz, después de que un juez de distrito ordenara el cese de operaciones y prohibiera la admisión de nuevos detenidos.
En un escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, los estados argumentaron que Florida no estaba obligada a realizar una evaluación ambiental bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) cuando construyó el sitio para albergar detenidos inmigrantes a solicitud de la administración Trump.
La orden del juez de distrito Kathleen Williams ha generado preocupación entre los estados republicanos, quienes temen que siente un precedente para proyectos similares en otros estados, como Speedway Slammer en Indiana, Cornhusker Clink en Nebraska y Louisiana Lockup en Louisiana.
La administración de DeSansen presentó una apelación expedita argumentando que el caso se presentó en el foro incorrecto y que los grupos ambientalistas no demostraron daño irreparable al ecosistema de los Everglades. DeSansen afirmó en una conferencia de prensa que la instalación sigue operativa, aunque no se admiten nuevos detenidos.
Este caso es uno de los cuatro desafíos legales contra la instalación, incluyendo demandas por falta de debido proceso para los detenidos y cuestionamientos sobre la autoridad estatal para operar el centro.
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