La ley red flag de Florida, creada tras la masacre de Parkland en 2018, enfrenta su mayor amenaza: el gobernador Ron DeSantis busca derogarla. Este mecanismo permite a la policía confiscar armas temporalmente a personas consideradas peligrosas, pero su aplicación fallida en el triple homicidio de Margate en febrero reavivó la polémica.
Contrario a lo afirmado por DeSantis, la ley no permite peticiones ciudadanas: solo agentes certificados pueden solicitar una orden judicial, presentando «evidencia de amenazas graves o enfermedad mental», según el sheriff Bob Gualtieri. Además, los afectados pueden:
Aunque el Senado rechaza por ahora la derogación, avanza otro proyecto polémico: revertir la edad mínima para comprar armas de 21 a 18 años, otra medida post-Parkland. Mientras, líderes como Anna Eskamani promueven iniciativas para «mantener armas lejos de agresores domésticos».
Mientras grupos proarmas alegan «riesgo de abusos», datos de California muestran que estados con verificaciones obligatorias reducen en 32% los feminicidios con armas. Florida, marcada en naranja en el mapa post-Parkland, sigue siendo laboratorio de este debate nacional.
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