Después de un intenso rechazo del gobernador Ron DeSantis y sus aliados, los republicanos de la Cámara de Representantes de Florida dieron marcha atrás en una propuesta para impedirle usar un fondo de emergencia para financiar sus esfuerzos en materia de inmigración.
Los republicanos de la Cámara planean aprobar una enmienda este jueves que permitirá a la administración continuar pagando el centro de detención de inmigrantes «Alligator Alcatraz» y otras actividades a través de un fondo multimillonario destinado únicamente para estados de emergencia declarados.
La Cámara, ante preguntas sobre el gasto de DeSantis, había propuesto la semana pasada restringir el fondo solo a desastres naturales y emergencias, agregando nuevos requisitos de supervisión.
La idea fue criticada duramente por aliados y personal de DeSantis, quienes insinuaron que los legisladores republicanos estaban cortando la campaña de inmigración del gobernador. James Uthmeier, exjefe de gabinete de DeSantis y ahora fiscal general, dijo en X que los esfuerzos para quitarle el control al gobernador eran «morrónicos».
Un miembro del personal de la administración de DeSantis escribió a los miembros del comité de la Cámara el lunes que el proyecto de ley de la Cámara «pondría en peligro la seguridad de los floridanos».
«Ha sido absolutamente crítico. Ha salvado vidas y ha hecho nuestra comunidad más segura», afirmó el gobernador Ron DeSantis el martes.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Daniel Perez, quien ha chocado repetidamente con DeSantis en el último año, dijo que no sabía por qué la gente afirmaba que la Cámara terminaría con la financiación de inmigración, ya que el gasto podría haberse asignado por separado del fondo.
DeSantis pidió a los legisladores en 2022 crear el Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias para permitirle acceder a un pool de dinero para estados de emergencia declarados sin la aprobación de la Legislatura y sin tener que cumplir con requisitos de licitación competitiva y otras leyes.
El fondo expira esta semana a menos que los legisladores lo renueven.
Su uso ha estado bajo escrutinio desde el año pasado, cuando los legisladores republicanos aprobaron una ley que le exigía informar cómo se gastaba el dinero. El informe, publicado el mes pasado, reveló que la administración había gastado $573 millones en aplicación de inmigración desde 2023. Los gastos incluyeron más de $166,000 en restaurantes y catering, y una factura de $203,000 por un jet privado dos días antes de la Navidad del año pasado.
DeSantis declaró un estado de emergencia por inmigración en 2023 y lo ha renovado 20 veces.
El nuevo plan de la Cámara extendería el fondo hasta 2030, pero pondría barreras a su uso, incluyendo prohibir a la administración gastarlo en botes y aeronaves, y requerir que los reembolsos federales se depositen de nuevo en el fondo de ingresos generales del estado bajo la supervisión de la Legislatura.
Está programado para una votación en el pleno este jueves. El Senado ya ha aprobado un proyecto de ley sin esas condiciones.
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